La comisión investigadora Covid-19 presentó un nuevo informe sobre el manejo de la información sobre la pandemia por parte del gobierno. Así, se votó a favor del documento que acusa en específico a rostros de la entidad de salud. Se incluye al ex ministro Jaime Mañalich, la subsecretaria de salud, Paula Daza, y al ex subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga.
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Este lunes 14 de diciembre se votó el informe que presentó la comisión investigadora. Este recibió siete votos a favor y cinco en contra. Así, se aprobó la acusación que se le realiza a Mañalich, Daza y Zúñiga respecto a un mal manejo de la información en torno a la pandemia.
Las acusaciones
"Resulta evidente que el gobierno cometió varios desaciertos comunicacionales", concluye el documento al cual accedió La Tercera. Sobre los métodos de información, el informe señala que estos "expresaban mensajes comunicacionales hacia la ciudadanía poco claros, polemizando además, públicamente con las recomendaciones de expertos".
Cabe recordar, que de los tres emplazados, Daza es la única que continúa en su cargo, tras las renuncias de Mañalich y Zúñiga hace unos meses. Si bien el documento acusa al Minsal en general, pone principal énfasis en el ex ministro de la cartera, cuestionando el manejo comunicacional.
"Constituyen actos reprochables, puesto que contribuyeron a una mayor desconfianza de la ciudadanía en las medidas adoptadas por las autoridades", añade el documento acusatorio. Además, se señala que las conductas de "mayor riesgo" de la ciudadanía serían consecuencia de una minimización de los riesgos en torno al coronavirus.
De esta forma, los principales puntos refieren a una "minimización" de su letalidad y estrategias comunicacionales "contrarias" a la de expertos de la OMS. Así, se menciona tanto a Mañalich, Daza y Zúñiga como "responsables de entregar información errónea a la ciudadanía".
Otro apartado relevante, guarda relación con el uso de Residencias Sanitarias. Se menciona en específico la polémica en torno al Espacio Riesco y su utilización como una de estas residencias. Ante esto, se señala que el Minsal "actuó en los contratos de arrendamiento y de prestación de servicios contrario a derecho, siendo improcedente la manera en que se llevó adelante la contratación, causando perjuicios al Estado".
