Esta semana se confirmó un anuncio que ya tenía tiempo dando vueltas. Se trata de la Ley de Transformación Digital promulgada hace un año y que obligará a que todos los trámites del Estados pasen a digital y así se deje de utilizar papel.
El "vamos" llegó luego de que el Presidente Sebastián Piñera firmara esta semana el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) de Gradualidad que establece los plazos diferenciados (hasta 4 años máximo) para que las instituciones alcancen la meta de Cero Filas, Cero Papel e Identidad Digital.
Los primeros organismos en avanzar en el proceso de transformación digital serán las Instituciones de la Administración Central del Estado, la Contraloría General de la República y las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, seguidas por los Gobiernos Regionales y los Municipios.
Asimismo, el decreto define, entre otras cosas, plazos claros para la implementación de diferentes materias, como las comunicaciones oficiales electrónicas entre órganos del Estado, además de notificaciones electrónicas, digitalización de trámites, gestión de expedientes electrónicos, digitalización de documentos presentados en formato papel e interoperabilidad de las instituciones.
El documento firmado también establece que las comunicaciones oficiales entre los organismos públicos deben ser 100% electrónicas a fines de 2022. Para lo anterior, se desarrolló la plataforma DocDigital, la que ya está siendo implementada y utilizada por el 65% de las instituciones de la administración central del Estado.
Finamente, el documento firmado establece que todos los trámites deberán estar digitalizados a fines del año 2023. Esto permitirá un ahorro sustancial para las personas y para el Estado, ya que un trámite digital es un 75% más rápido y un 95% más barato que uno presencial.
De acuerdo al Registro Nacional de Trámites, actualmente el 63,5% de los trámites de la administración central del Estado están digitalizados, lo que es un buen avance para cumplir la primera meta, que es alcanzar el 80% de digitalización a diciembre de 2021.
Respecto a la interoperabilidad de las instituciones, que permitirá que la gente se olvide de las filas en una oficina y que un servicio público no le pida un certificado o papel que ya está en manos del Estado, se espera que esté completamente operativa a fines del 2024
