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Reforma a Fonasa fijará plazos de atención para acabar con listas de espera

La reforma a Fonasa buscará asegurar la atención a personas. Hoy una interconsulta de especialidad tiene una espera de dos años.

Fonasa

El proyecto de reforma Fonasa que prepara el Gobierno contempla fijar plazos de atención máximos para la atención de enfermedades, considerando severidad del cuadro, pronóstico y riesgo de secuelas en los pacientes.

De acuerdo con La Tercera, un consejo asesor, apoyado por expertos, agrupará las patologías en cuatro categorías, cada una con un tiempo límite para atender a los pacientes.

“En esta ley se establecen plazos, porque se pretende disminuir radicalmente las listas. Hoy, la espera para una cirugía No Auge puede llegar a tres años y para una interconsulta de especialidad son dos años. Eso se va a disminuir de manera muy importante, porque una vez fijado el plazo, si la persona no recibió la atención, adquiere el derecho legal a ser derivado a otro centro”, explicó el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

Según datos citados por el medio, existen 1,8 millón de personas aguardando una atención médica, de un total de 14 millones que cotizan en Fonasa.

El anuncio de la reforma a Fonasa también fue esbozado por el Presidente Sebastián Piñera hace unos días, durante su entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

Durante esa entrevista, el Mandatario mencionó la creación de un Plan Universal de Salud: «Vamos a enviar en los próximos días una reforma a Fonasa que va a crear un Plan Universal de salud garantizado para todos. Ese plan de salud va a tener mecanismos de financiamiento que para muchos va a ser absolutamente gratis y para otros tendrán que hacer co-pagos compatibles con su situación económica».

Ante la pregunta de si mejorará las prestaciones y los tiempos, Piñera respondió: «El principal problema de la salud en Chile no es la calidad, es la dificultad para acceder a la salud: las listas de espera (…) El proyecto no solo establece esta ley de Plan Univeral, sino que plazos garantizados de cumplimiento a través de convenios con instituciones del sector público y de la sociedad civil» para que las personas que no puedan ser atendidas en el sistema público, tengan otra alternativa y puedan cumplir con su derecho a atención.

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