El proyecto de ley que busca establecer el ocultamiento de la identidad como un delito, ¿contribuye o no a mejorar los estándares de seguridad? Esa fue la pregunta discutida ayer miércoles 27 de noviembre en el Senado.
La Cámara respaldó la idea de legislar sobre el tema y por eso aprobó en general el proyecto de ley denominado "antiencapuchados" por 22 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones.
La iniciativa fue presentada antes del comienzo de las protestas sociales, en septiembre, por los senadores Felipe Kast, Andrés Allamand, Felipe Harboe, José Miguel Insulza y Víctor Pérez.
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En concreto, estable que "aquellos que turban gravemente la tranquilidad pública, en actos públicos, sean o no autorizados por la autoridad, cubriendo su rostro intencionalmente con el propósito de ocultar su identidad, serán sancionados con reclusión menor en su grado medio (541 días a 3 años y 1 día).Asimismo en el caso de los delitos contra las personas, se reconoce como agravante el uso de capucha u otros elementos semejantes con el fin de ocultar la identidad".
De acuerdo con el sitio de la Cámara Alta, el proyecto “dota al ordenamiento jurídico de sanciones más severas y se entrega herramientas más eficientes a Carabineros para hacer frente a quienes provocan disturbios, delitos y desmanes contra el orden público”.
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