El gobierno de Venezuela “no ha evidenciado ninguna voluntad” de atender la petición de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU de disolver la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional o de intervenir para prevenir ejecuciones extradiciones.
Esas fueron la declaraciones de la alta comisionada Michelle Bachelet al presentar información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, quién además agregó que “por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno»”.
Sobre la misma, la ex presidente de Chile expresó que su organismo ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la FAES en algunas zonas del país: según información recibida de la ONG Monitor de Víctimas, existen 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas en julio solo en Caracas.
“Estos casos documentados revelan el mismo patrón identificado en mi informe de julio y demuestran la falta de mecanismos de protección efectiva para los testigos y familiares de las víctimas”, sostuvo Bachelet.
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Según cifras de informes anteriores presentados por el organismo internacional, más de 5.280 personas fueron asesinadas por la FAES solamente en 2018.
Entre agosto de 2017 y mayo de 2019, la Oficina de la alta comisionada en Ginebra ha recibido información general de parte del Ministerio de Venezuela que indica que miembros de las fuerzas de seguridad fueron condenados por violaciones de derechos humanos. No obstante, aún faltan detalles sobre los tipos de violación, a qué institución pertenecían los responsables y el perfil de las víctimas.
En virtud de lo expresado en sus declaraciones respecto a la situación en Venezuela, Bachelet señaló que mantiene «compromiso de seguir cooperando con las autoridades para lograr cambios sustanciales y poner fin a las violaciones de derechos humanos documentadas en mi informe».
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