La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, presentó cargos por corrupción y blanqueo contra el presidente del país, Michel Temer, en el marco de una investigación sobre un decreto relativo a una concesión de puertos.
Temer, que en dos semanas dejará el cargo para que asuma Jair Bolsonaro, está acusado junto a otras cinco personas más por corrupción activa y pasiva y lavado de dinero tras la investigación, iniciada en 2017.
Según la denuncia, empresas como Rodrimar, que opera en el puerto de Santos, se beneficiaron de un decreto aprobado por Temer. Entre los imputados figuran responsables de esa empresa y de otra, Argeplan, así como el antiguo asesor presidencial Rodrigo Rocha Loures.
En el marco de estas operaciones se habrían visto afectados 32,6 millones de reales brasileños (algo más de 8,3 millones de dólar).
La policía investiga a Temer por, supuestamente, aceptar sobornos a cambio de ayudar a dar forma a un decreto que regula los puertos de Brasil y en particular por extender concesiones en el recinto portuario de Santos para beneficiar a un grupo de compañías.
Temer, el exvicepresidente de Dilma Rousseff que asumió el cargo en el 2016 después del impeachment a la entonces presidente ha insistido en reiteradas ocasiones en su inocencia.
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