Ya varios habrán notado que hay una polémica desatada hace unos días, de la que varios veterinarios están haciendo eco: se centra en lo que pasaría si es que el Instituto de Salud Pública aplica una restricción a la venta de fármacos de uso humano a estos profesionales. Todo se desató luego de que el Colegio Médico Veterinario denunciara que la entidad estaba multando a quienes usan y expenden a veterinarios estos remedios.
Como queremos que se entienda bien esta situación, iremos pregunta/respuesta con el tema:
¿Qué dice el ISP?
Niega lo que dice el Colegio Médico Veterinario, pero sí reconoció que está fiscalizando a establecimientos que almacenen, distribuyan y expendan estos productos.
¿Qué pasaría si llega a concretarse esta restricción?
Habrá un aumento de valor para el público y además, las clínicas no contarán con los insumos necesarios para atender a las mascotas. Esto es porque si bien hay alternativas farmacológicas para animales, son mucho más caras. Un ejemplo es la amoxicilina, que para nosotros cuesta caso $1.000 en su versión genérica, pero la alternativa animal (Biotivet) tiene un valor de $8.000.
¿Qué tiene que ver un botiquín en todo esto?
Es un factor importante: sólo se autoriza la venta de fármacos humanos a quienes tengan un botiquín, pero nadie lo tiene porque es un trámite engorroso: "Si para las veterinarias grandes es difícil, para un veterinario de terreno, sea de medicina mayor o menor, es imposible. Para conseguir el permiso piden una resolución sanitaria del SAG y este organismo no fiscaliza clínicas veterinarias", explica en diferentes medios la diputada independiente Karla Rubilar, dejando en claro un vacío legal.
¿Y de dónde viene este problema?
De una legislación de data de 1985, que en 30 años no ha sido fiscalizada.
¿Qué propone el Colegio Médico Veterinario?
Establecer un listado de productos afectos a la regulación del botiquín, donde se excluya todo tipo de productos de venta libre en farmacias, así como los que se obtienen mediante receta simple. No hay justificación para que estos productos sean obtenidos en farmacias por cualquier ciudadano, y que se les pida una regulación adicional para el expendio desde distribuidoras a los profesionales como médicos veterinarios.
Implementar la medida de regulación del botiquín, luego de un proceso de divulgación de al menos seis meses, para que todos los profesionales conozcan la normativa y puedan cumplir con las exigencias.
Actualizar la normativa y reglamentación, considerando las particularidades de los veterinarios y que se puedan abrir alternativas para que los profesionales independientes y que trabajan en terreno, puedan alcanzar los estándares requeridos por la autoridad sanitaria.
¿Algún proyecto de ley?
De acuerdo a Rubilar, se está trabajando en una posible modificación legal.